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Vivimos una nueva realidad social que implica adoptar un nuevo comportamiento estratégico a través de la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC), que contempla los impactos económicos, sociales y ambientales derivados de la actividad que llevan a cabo las cooperativas.

Implica un compromiso renovado de la cooperativa por la comunidad, por su entorno y con sus diferentes públicos de interés. No se trata de algo “tangible”, sino de un intangible de gran valor, que supone un compromiso social, trabajar por la comunidad, ir más allá de la propia labor productiva de las cooperativas y atender necesidades de la población, de los propios socios, de sus mayores, sus hijos…, implicarnos en el conjunto de la sociedad con trabajos por y para los demás que tengan una repercusión sin duda positiva en nuestra cooperativa y nuestros intereses sociales.

La RSC se adentra en una nueva forma de hacer negocios donde se produce una evolución del concepto de venta: permite definir qué vender, a quién venderlo y cómo venderlo. No todo lo que se vende es producto o servicio que sale de la comercialización de la cooperativa.

Estas son las ventajas de incorporar la RSC en tu cooperativa:

1. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es valiosa porque permite que la sociedad asigne un valor positivo a las actividades de la cooperativa.

2. La RSC asegura un mejor capital humano, al existir un mayor compromiso con los valores de la cooperativa.

3. La transparencia y el buen gobierno corporativo permiten acceder a una financiación más equilibrada.

4. La RSC tiene un reconocimiento creciente en el mercado. La marca importa y esto va más allá de la marca.

5. La RSC tiene un reconocimiento público. Calidad, medio ambiente, RRHH, marketing, estrategia comercial, comunicación, compromiso con la base social…, todo tiene que ser amparado bajo un mismo paraguas de RSC.

Algunos de tus competidores, actuales o futuros, ya trabajan en esta dirección… ¿a qué estás esperando? ¿Quieres estar dentro o fuera de este modelo?

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Sostenibilidad

Por Lola Gallego, responsable del Departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

El aprendizaje es inherente al ser humano, desde que nacemos vamos evolucionando a base de adquirir conocimientos y habilidades que nos capacitan para desenvolvernos en la vida.

El aprendizaje tiene lugar en distintos contextos, de pequeños aprendemos básicamente en el entorno familiar, cuando empezamos el cole entramos en el ámbito educativo, etapa que se prolonga hasta lograr la cualificación necesaria para acceder al mercado laboral y, una vez en él, continuar aprendiendo desde un punto de vista más práctico.

Recurro a un ejemplo cotidiano, como es el uso del móvil, para visualizar la importancia de la formación en cualquier contexto, si por cualquier motivo cambiamos uno por otro, es imprescindible que aprendamos a manejarlo adecuadamente, este aprendizaje nos capacitará para usarlo de forma eficiente.

Esto ocurre en todos los ámbitos, principalmente en el laboral, en el que es necesaria la formación continua con objeto de mejorar nuestra cualificación y lograr ser los mejores profesionales que podamos llegar a ser para hacer mejor nuestro trabajo, siendo más eficientes y más eficaces.

Las empresas son las beneficiarias directas de la cualificación de su personal, por tanto, son las primeras interesadas en “invertir” en la formación de sus trabajadores y trabajadoras para que sus empresas sean más competitivas y más rentables, fin último de cualquier actividad empresarial.

Da igual el sector de actividad en el que actúe la empresa, la formación es una necesidad horizontal y permanente, en continua evolución, como la vida misma.

Recientemente en el “Foro internacional de Jóvenes Cooperativistas” al que hemos asistido en Valencia con un grupo de jóvenes de Castilla-La Mancha, en el que participaron cooperativistas de varios países de la Unión Europea, quedó patente que cada generación va estando mejor preparada pero que hay margen de mejora y es imprescindible seguir apostando por la formación.

Suelo citar a Henry Ford, fundador de la automovilística Ford, en 1903, cuando decía “Solo hay algo más caro que formar a las personas y que se marchen: no formarlos y que se queden”.

¿Inversión o gasto?

No me gusta considerar “gasto” las cantidades dedicadas a formación; se trata, sin duda, de una “inversión”, es necesario que las empresas inviertan en la formación de sus trabajadores/as, inversión que rentabilizarán mejorando su productividad y eficiencia.

Pero para quién vea esta inversión como gasto, también hay una forma de gestionarla para anular o minimizar este impacto, me explico:

Cuando se trate de formación dirigida a los trabajadores de la cooperativa o empresa, la formación puede gestionarse para que ese presupuesto se deduzca en los seguros sociales, utilizando los créditos de formación disponibles para las empresas que coticen por formación profesional “formación programada” gestionada por la FUNDAE (Fundación para la Formación en el Empleo).

Y además, en el caso de las cooperativas, pueden enmarcar los costes de formación en su “Fondo de Educación, Formación y Promoción”, fondo que, en ocasiones, cuesta utilizar y que sería ideal que se dedicara a la formación de socios/socias y trabajadores/as.

Por lo tanto, no es necesario condicionar la puesta en marcha de acciones formativas a la disponibilidad de subvenciones para tal fin. Si las hay ¡estupendo! Hay que aprovecharlas, pero lo deseable sería que las cooperativas/empresas programasen la formación que resulte necesaria para sus trabajadores/as y socios/as y, a posteriori, estudiar opciones de financiación, y no al revés.

Otro factor esencial en este proceso es la “motivación”, es imprescindible que “jefes/as” y “trabajadores/as” tengan razones para formar y/o formarse, razones que pueden ser de todo tipo y que dependen de motivos internos y/o externos según la persona de que se trate. Pero sin duda, detrás de una acción siempre hay un motivo y es importante crear climas laborales donde se generen “ganas” de aprender y hacer mejor nuestro trabajo.

Tampoco tenemos que esperar a que la motivación venga de fuera, tenemos que ponernos las pilas y automotivarnos, como reto personal y necesario para evolucionar en el ámbito personal y laboral.
Porque la formación no sólo tiene que ser técnica y específica en determinadas materias, también hay que buscar formación que mejore el estado psicológico de las personas para que se sientan bien y estén en óptimas condiciones para centrarse en el trabajo y hacerlo bien.

El “buen rollo” se transmite, el malo, también.

¿Qué preferimos?, ¿trabajar en un ambiente positivo o en uno negativo?

¿En cual rendiremos más y mejor?

La formación también nos ayuda a crear climas laborales donde la gente esté contenta, motivada y con ganas de darlo todo.

¿Te animas?

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Formación

Por Carmen Vallejo, portavoz de la Comisión de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Entre los 17 objetivos de la Agenda 2030 se sitúa la Igualdad de Género, que es, sin duda, una de las cuestiones más importantes. En dicha Agenda la visión del futuro de mujeres y niñas es que avancen en su empoderamiento, que les permita tener igual acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles. Este objetivo me ha hecho reflexionar sobre el papel de la mujer en relación a dos temas claves: por un lado, el despoblamiento de las zonas rurales y por otro, la era digital que ha venido para quedarse. Me surgen dos cuestiones claves: ¿Cómo evitar el despoblamiento en el medio rural? y ¿el futuro de la tecnología digital en el sector agroalimentario?

ODS ONU

Para evitar el despoblamiento de tanto municipios rurales, distintas asociaciones y federaciones de cooperativas agroalimentarias están poniendo en valor que las mujeres, jóvenes y niñas, somos parte activa e imprescindible del emprendimiento rural, avanzado en el acceso a puestos de dirección en cooperativas agroalimentarias, incorporando nuevos talentos y liderazgos para generar ideas creativas para diversificar los servicios y la comercialización de los productos agroalimentarios, en definitiva revitalizando y generando riqueza para la población del medio rural.

En esta línea, iniciativas como el Reglamento del Parlamento Europeo, que ha aprobado que la despoblación sea un criterio para repartir los fondos de cohesión, “con el Reglamento aprobado por la Eurocámara se regirán el gasto de las regiones, de los fondos de cohesión y social en el periodo 2021-2027 busca mantener el nivel de inversión y aumentar el apoyo a las zonas menos desarrolladas”, son sin duda bienvenidas.

congreso tratada

En cuanto a la incorporación de las tecnologías digitales en el ecosistema agroalimentario, estas pueden favorecer a que el ámbito rural sea atractivo y se cumplan las expectativas de mujeres, jóvenes y niñas, para desarrollar sus proyectos profesionales y personales. Este hecho se puso de relieve en el Foro de la Innovación en Agricultura 4.0 celebrado en Logroño en mayo de 2018 y desarrollado por la Fundación Riojana para la Innovación donde fui ponente.

También el Smart Agrifood Summit celebrado en junio de 2018, donde se puso de relieve que resulta imprescindible el acceso a la tecnología digital, a una velocidad que permita las conexiones de forma rápida, para incorporar tecnologías como el Internet de las cosas (IoT), Big Data, drones, blockchain o incluso la Inteligencia artificial para predecir condiciones climáticas.
Sería exagerado afirmar que la tecnología digital es la panacea para evitar el despoblamiento del ámbito rural, pero sin duda es un factor catalizador favorable y las mujeres debemos estar ahí.

Para finalizar, como afirma Facundo Manes “Las mismas áreas del cerebro que permiten recordar el pasado son las que usamos para imaginar el futuro”. Por ello, aunque los recuerdos del pasado y las emociones que nos llegan del medio rural son maravillosos, imaginemos por un momento ese futuro 2030 donde la igualdad de género esté más cerca de ser una realidad, se reduzca el despoblamiento, al tiempo que la tecnología digital contribuya a favorecer innovaciones que son tan necesarias para el sector agroalimentario y para el mundo cooperativista.

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Mujer e Igualdad

Por Juan Corbalán. Delegado en Bruselas de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Hoy 1 de febrero entra en vigor el Acuerdo Comercial entre la UE y Japón que empezó a negociarse en 2013 y que finalmente fue firmado por la Comisión Europea y el Gobierno de Japón el 8 de diciembre de 2018. También en diciembre, el Parlamento Europeo ratificó dicho acuerdo dando así su visto bueno para su entrada en vigor. Es un acuerdo en el que la UE durante las negociaciones ha cedido en productos industriales, como los automóviles, para obtener más concesiones en el acceso al mercado japonés de productos agroalimentarios.

Este acuerdo entra dentro de la nueva serie de acuerdos llamados de “nueva generación”, como el CETA, con los que la Comisión Europea quiere dar un nuevo enfoque a la Política Comercial de la UE. Así, estos acuerdos abarcan no solo el comercio entre productos y servicios, sino que incorporan otros capítulos como el cumplimiento de los requisitos de la Organización Internacional del Trabajo, compromisos en la conservación y gestión sostenibles de los recursos naturales, promoción de la Responsabilidad Social Corporativa, etc. y, además, dotan de más transparencia al proceso negociador.

En este acuerdo se ha involucrado desde el primer momento a las organizaciones representativas de los sectores económicos como el agroalimentario, entre ellas Cooperativas Agro-alimentarias de España, pero también a las distintas organizaciones representativas de la sociedad civil.

El acuerdo UE-Japón se convierte así en uno de los acuerdos más importantes del mundo, ya que abarca alrededor de 1/3 del producto interior bruto mundial. Hay que recordar que Japón es la 4ª economía mundial, y en la actualidad es el segundo socio comercial de la UE en Asia, después de China, y el sexto del mundo. Con 127 millones de habitantes con alto poder adquisitivo, (Canadá tiene 35 millones de habitantes) y más de 600.000 empleos en la UE ligados a las exportaciones a Japón, este acuerdo se convierte clave para la UE.

Con estas credenciales Japón tiene un enorme potencial para los productos de calidad agroalimentarios de la UE y en particular, para los productos de España, productos con un alto prestigio mundial por su calidad y seguridad alimentaria. Según datos de la Comisión Europea, cada 1.000 millones de euros generados en exportación crean 14.000 puestos de trabajo, por tanto, el acuerdo creará más empleos en las zonas rurales y contribuirá a la lucha contra la despoblación de dichas zonas.

El acuerdo contempla varios sectores económicos como la industria del automóvil, la farmacéutica, la médica, el transporte y los servicios financieros, telecomunicaciones y licitaciones públicas y por supuesto, los productos agroalimentarios.

Acuerdo beneficioso para el sector agroalimentario

La UE exporta a Japón productos agrícolas por un valor superior a veinte veces lo que Japón exporta a la UE, pero, hasta ahora, las empresas europeas debían hacer frente a muchas barreras comerciales.

Los aranceles de Japón a los productos europeos eran muy altos, un 30%-40% en quesos, 15% en vino, casi 40% en algunas carnes, etc. Con el acuerdo, desde hoy, Japón elimina los derechos de aduana para más del 90% de las exportaciones agrícolas de la UE. Esto hará que nuestros productos sean aún más atractivos para los consumidores japoneses y tengamos un mejor acceso a este apetecible mercado. En el caso del aceite de oliva y la aceituna, que no tenían aranceles, el acuerdo beneficiará las exportaciones, ya que el aceite español ya ha sobrepasado a las exportaciones de Italia que era el primer proveedor en el mercado japonés, y el acuerdo hará que nuestras exportaciones aún tengan más incidencia.

Por citar dos ejemplos, es una oportunidad para el sector de la carne de cerdo y el vino español. España es el primer productor de carne de porcino y este producto es el primero en la lista de exportaciones a Japón, con el acuerdo se reduce el precio mínimo que este país imponía hasta ahora a las importaciones europeas, con un periodo transitorio antes de su total liberalización. En el caso del vino se eliminan los aranceles, y el vino español pasa a tener el mismo acceso al mercado japonés que otros competidores como Chile, algo que desde el sector hemos venido reclamando.

En cuanto al queso y los productos lácteos, se eliminan los aranceles para los quesos curados, tras 15 años de periodo transitorio, y para los quesos blandos se establece un contingente que cubre las actuales exportaciones europeas incrementándose de igual modo que el consumo japonés. Esto hará que los principales países productores de la UE aumenten su exportación descongestionando el mercado interior y, por tanto, una oportunidad también para a los productos lácteos españoles.

Respecto a los productos transformados, pasta, galletas o tomate transformado (España es el segundo productor de la UE), se liberalizan los aranceles tras un periodo transitorio diferente para cada producto.

Además, el acuerdo reconoce el sistema de indicaciones geográficas de la UE, una prioridad para el sector agrario y que la Comisión Europea viene defendiendo en todas las negociaciones. Japón reconocerá más de 200 indicaciones geográficas europeas, entre ellas muchas españolas. La lista se ha elaborado en base al potencial de exportación, (en Europa hay más de 1.000 indicaciones geográficas), estableciendo un mecanismo de incorporación a esta protección para nuevas indicaciones que quieran posicionarse en el mercado japonés. Esta protección significa que un producto no puede venderse en Japón bajo una denominación si no está amparada por ella.

Uno de los temas cruciales para Cooperativas Agro-alimentarias de España en todas las negociaciones comerciales es lo relativo a las barreras no arancelarias y a las medidas sanitarias y fitosanitarias, por los problemas que conllevan de acceso a los mercados. Durante las negociaciones se han identificado una serie de barreras a las que el país nipón se ha comprometido a dar solución, una vez entre en vigor, a las cuestiones de sanidad vegetal y animal y a los requisitos fitosanitarios. Japón además ha ratificado la llamada “regionalización” de las exportaciones en caso de enfermedad animal o vegetal. Esto quiere decir que, si un país por ejemplo tiene la peste porcina africana, Japón no prohibirá la importación de porcino de toda la UE, solamente de las áreas donde exista la enfermedad. Además, se ha comprometido a simplificar los procedimientos de exportación, como el sistema “preclearance” al que se somete a muchas frutas y hortalizas. Además, tanto la UE como Japón no cambian sus normas sanitarias ni fitosanitarias, siguen prohibidos los OGMs y la carne con hormonas tanto en Japón como en la UE.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha trabajado e insistido mucho en lo relativo a las medidas fitosanitarias para lograr un mejor acceso al mercado japonés de frutas y hortalizas, especialmente para los cítricos. En la actualidad cada Estado miembro debe firmar un protocolo de exportación con Japón para poder exportar, con una serie de requisitos que hace poco viable la exportación. Requisitos como una declaración meses antes desde aquellas explotaciones que querían destinarse a la exportación a Japón, las cuales no podrán destinarse a otros países; registro de cada explotación (algo que impide adaptarse al mercado y ser ágil para suplir la demanda); registro de cada contenedor; necesitad de tener tratamiento en frío tanto en origen como en trasporte; si en el puerto japonés encuentran un contenedor con una intercepción de alguna plaga (esté presente o no en Japón) dicho contenedor debe ser destruido o desviado a otro país, etc. Aunque se ha obtenido cierta simplificación en los procedimientos, no se ha obtenido todo lo que solicitamos.

En la colaboración formal que se establece entre la UE y Japón para evaluar dicho acuerdo, seguiremos trasladando la necesidad de simplificar dichos procedimientos, porque son requisitos que la UE no exige a las importaciones de terceros países. Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende la reciprocidad en todos los acuerdos y, además, una mayor delegación de los Estados miembro a la UE en exportación ayudaría a concentrar más esfuerzos en este tema durante las negociaciones comerciales.

Como conclusión, globalmente el Acuerdo entre la UE y Japón es un buen acuerdo que beneficiará a las exportaciones de los productos agroalimentarios españoles, pero es necesario aprovechar estas oportunidades para que deje de ser un mercado potencial y pase a ser una realidad. En este sentido, para que los agricultores capten todo ese potencial deben estar asociados en empresas, como las cooperativas, para poder participar y captar el valor generado por esta cadena que produce el mercado japonés. Si no es así, los agricultores serán meros proveedores de materia prima y no se beneficiarán del acuerdo. Ahora toca aprovechar estas oportunidades.

Por Juan Miguel del Real, director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

A estas alturas nadie duda del importante papel que las cooperativas agroalimentarias juegan en la vertebración del medio rural de nuestro país y la función que desarrollan en la lucha contra la despoblación que, desde hace años, están sufriendo amplias zonas rurales de toda España.

Un riesgo de despoblamiento, que tiene especial virulencia en Castilla-La Mancha con una población muy envejecida, con la más baja densidad de población por kilómetro cuadrado de toda España (26 h/km2), donde el 69,7% de sus pueblos tienen menos de 1.000 habitantes y aglutinan solo el 8% de la población total de la región (y descendiendo), y donde tan solo 12 municipios (incluidos capitales de provincia) se escapan de la consideración de rurales al ser mayores de 30.000 habitantes.

Ante este panorama, es cierto que las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha hemos hecho parte de nuestros deberes. Los datos así lo demuestran: las cooperativas estamos presentes en más de un tercio de los municipios de la región, nuestro arraigo al territorio es indiscutible, no nos deslocalizamos, generamos valor a las producciones de agricultores y ganaderos haciendo que su explotación sea viable y competitiva. Nuestro peso económico es fundamental para generar miles de puestos de trabajo estables y de calidad, nuestros beneficios se quedan en nuestra tierra, en definitiva, vertebramos y generamos riqueza en el medio rural y, por tanto, podemos afirmar que somos fundamentales para fijar la población y para frenar el despoblamiento al que múltiples zonas rurales se están viendo abocadas desde hace años.

Pero, ¿es ello suficiente o podemos hacer algo más? Pues reconociendo mucho valor a todo lo que hasta aquí hemos hecho, creemos que el movimiento cooperativo aún puede dar un paso más en su compromiso con el territorio y convertirse en verdaderos protagonistas del desarrollo rural de nuestros pueblos, cubriendo otras necesidades básicas de su población que la iniciativa pública no alcanza a cubrir y que a la inversión privada exógena nunca le será interesante.

Para ello disponemos de una magnífica herramienta para afrontar ese futuro inmediato: la nueva figura de la COOPERATIVA RURAL, una figura que trasciende de lo puramente agrario y que permite acoger diversas actividades para cubrir otras necesidades básicas del entorno social en que se asientan. El tránsito del actual modelo de cooperativa agroalimentaria al de cooperativa rural debe suponer un cambio de paradigma que nos lleve a un nuevo modelo de cooperativa del siglo XXI más integradora y que ayude aún más -no solo a seguir creando valor para agricultores y ganaderos- sino a la fijación, desarrollo y mejora de la calidad de vida de toda la población del medio rural.

Además de la tradicional actividad agroalimentaria, la Cooperativa Rural podrá cubrir otras necesidades básicas como la prestación de servicios asistenciales a personas dependientes de nuestros pueblos, la gestión y explotación en común de las tierras de aquellos agricultores que cesan en la actividad y que no tengan relevo generacional, la organización de servicios educativos y culturales a todo el entorno social de la cooperativa, cubrir las necesidades de consumo de productos básicos para la población, la organización de actividades ligadas a la gestión de los recursos naturales y turísticos de la zona, la realización de actividades de conservación medioambiental, gestión de la energía, etc. y todo ello desde una única cooperativa rural integral.

La Cooperativa Rural permitirá mejorar la eficiencia en la gestión al integrar bajo una sola estructura cooperativa actividades que de otra forma se encontrarían dispersas en cooperativas o empresas separadas y aumentar así las economías de escala y la profesionalización de los equipos directivos y de gestión.

Gracias a las ayudas de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, dentro del Programa de Promoción de Cooperativas y Sociedades Laborales de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, desde Cooperativas Agroalimentarias hemos realizado durante 2018 diversas actuaciones de información y difusión de la Cooperativa Rural en diferentes puntos de la región, actividad que seguiremos realizando en 2019, además de ofrecer todo el asesoramiento necesario para que aquellas cooperativas agroalimentarias que quieran transformarse en esta nueva fórmula, así como asesorando a aquellos promotores que quieran poner en marcha una cooperativa rural.

El reto de vertebrar nuestro medio rural, de luchar contra la despoblación, es cosa de todos, tanto de la administración pública (estatal, regional, provincial y local) como de la iniciativa privada. En este sentido, las cooperativas sabemos de nuestro papel y de nuestra responsabilidad y desde ahora nos ponemos manos a la obra. Los diagnósticos están claros, todos los compartimos, ahora toca pasar a la acción.

Por Tomás Merino, técnico de Igualdad de Cooperativas, y Juan Miguel del Real, director de Cooperativas

Más allá de la problemática del despoblamiento, ¿somos conscientes de lo que provocaría la muerte del medio rural? ¿Estamos preparados para asumir sus consecuencias en las próximas décadas? Utopía o no, caminamos hacia un progresivo declive de los espacios rurales en toda la periferia de Castilla-La Mancha.

Llevamos algunos años en nuestro país escuchando hablar de la problemática del despoblamiento, de historias de carne y hueso que día a día salen en los periódicos, de vidas que se ven frustradas por vivir en una España que vive a un ritmo más lento y que requiere de mayores recursos económicos y de una mayor eficiencia en la gestión del tiempo para poder afrontar su día a día.

En los últimos tiempos son innumerables los artículos y estudios que nos hacen reflexionar sobre este problema, pero me gustaría centrarme en problemas que afrontamos de forma global y que vivimos de forma local en Castilla-La Mancha.

Nos encontramos en una Comunidad Autónoma donde el 69,7% de sus pueblos (641 municipios) tienen menos de 1.000 habitantes. El 53% de la población vive en municipios inferiores a 15.000 habitantes, y tan solo 12 municipios (incluidos capitales de provincia) no se consideran municipios rurales al ser mayores de 30.000 habitantes.

Con 79.462 km² de superficie, el 90,9% de la misma es rural, teniendo una tasa de 12,9 habitantes/km² en el medio rural, muy inferior a la media nacional (18 habitantes/km²). Saliendo del corazón de la región, toda la periferia se ve afectada por grandes problemas ligados al despoblamiento, con tasas de 4 habitantes/km² como ocurre en la provincia de Guadalajara (más allá del Corredor del Henares), 5 habitantes/km² en la provincia de Cuenca (excluida la capital), 7 habitantes/km² en los Campos de Montiel o 9 habitantes/km² en la zona oeste de la provincia de Ciudad Real.

En los municipios menores a 1.000 habitantes, hoy por hoy vive sólo el 8% de la población de la región (hace 20 años, este porcentaje representaba el 11%), lo cual quiere decir que se ha perdido más de 23.000 habitantes.

La pérdida de población en el medio rural lleva aparejada una pérdida de recursos tanto materiales como inmateriales, que poco a poco van mermando la calidad de vida de las personas y haciendo difícil la vida en los municipios rurales. Si esta continua depreciación de los municipios rurales perdura, corremos el riesgo de crear desiertos demográficos en la periferia de nuestra región. Si persiste este declive, terminaremos provocando problemas estructurales que más allá de afectar a las zonas rurales, tendrán impactos directos sobre los núcleos de población intermedios, las grandes ciudades y especialmente sobre la economía.

¿Nos hemos preguntado alguna vez qué pasará cuando estos núcleos de población estén desmantelados?, ¿qué ocurrirá con sus tierras, con los productos agroalimentarios que de allí salen, con las industrias que transforman sus materias primas, con las cooperativas que en ellos se ubican?, ¿qué ocurrirá con el sector agroalimentario de nuestra región si se comienzan a desmantelar los pueblos como consecuencia de la despoblación?

La industria agroalimentaria en general y las cooperativas agroalimentarias en particular, junto con sus bases sociales, generan a nuestra región más de 4.500 millones de euros desde el medio rural, siendo más de 1.800 millones aportados por las cooperativas agroalimentarias.

Si continúa el progresivo declive de nuestros pueblos, provocará un efecto multiplicador que tendrá un impacto directo, no solamente en el medio rural, sino también sobre el medio urbano, generando tensiones aún más pronunciadas sobre el cambio climático, sobre la inflación de precios en los productos agroalimentarios, desabastecimientos de determinados productos, pérdida de biodiversidad, etc. En definitiva, provocará nuevas tensiones que harán aún más insostenibles las ciudades, derivadas de la falta de sostenibilidad de los municipios rurales.

Queramos o no, los alimentos salen de nuestros territorios rurales, donde se encuentran las personas y las industrias agroalimentarias que son capaces de dar cobertura a las necesidades de consumo del medio rural y la ciudad, donde en definitiva salen los alimentos que dan de comer al mundo. Por ello, resulta necesario realizar una reflexión en profundidad sobre un cambio de modelo que permita valorizar adecuadamente el impacto que la falta de vertebración y sostenibilidad está provocando sobre los municipios rurales de nuestra región.

Las industrias agroalimentarias de hoy y, en especial, las cooperativas son empresas eficientes, bien gestionadas, que apuestan por la calidad, la diferenciación y la internacionalización y a la vez, están siendo capaces de generar empleo y retener población en el medio rural. Esto no es un tema baladí. En muchos de estos municipios, la cooperativa se ha convertido en la principal, si no la única fuente de generación de renta y riqueza para muchas familias en los pueblos que han ayudado a garantizar calidad de vida a la vez que dar una formación, que hoy por hoy, está siendo utilizada o infrautilizada en los núcleos urbanos.

La continúa pérdida de servicios y recursos que está sufriendo el medio rural exige afrontar el problema demográfico no solo como un reto relativo a la población, sino como una oportunidad para emprender nuevos caminos que nos lleven a diseñar el medio rural que necesita el siglo XXI. Hoy por hoy, vivir en el medio rural resulta complejo a la vez que más costoso y las políticas de intervención en el medio rural tienen que adaptarse a las necesidades de cada territorio, pues no todo el medio rural tiene las mismas necesidades. Las políticas de intervención en el medio rural no pueden ser iguales para “leones que para ratones”.

No debemos olvidar que la estructura poblacional que tenemos en la actualidad data de la Edad Media y hemos sufrido pocos cambios desde entonces.

¿Qué podemos hacer para que todo esto cambie?

Desde la década de los 70 comenzamos a ver una progresiva emigración de las personas hacia el sector servicios, hacia la educación, la salud, los servicios sociales, prioritariamente en núcleos de población medianos o grandes, convirtiendo sus lugares de origen, en el mejor de los casos en “sus dormitorios”.

Indudablemente, el talento, la formación, las industrias, todas ellas pueden deslocalizarse, pero… ¿qué ocurrirá con las materias primas?, ¿qué ocurrirá con los alimentos que día a día consumimos para seguir nuestro ritmo habitual de vida?

Más allá de la pérdida del tejido socioeconómico del medio rural, debemos entender que un foco importante del problema se localizará en las ciudades, donde se producirán tensiones que nos llevarán a procesos deficitarios estructurales con alimentos de primera necesidad, y, pese a la globalización, provocará movimientos inflacionarios derivados por los sobrecostes de producción, la pérdida de calidad y por tanto, el incremento el posible incremento de enfermedades.

La agricultura no puede deslocalizarse, pero requiere de recursos humanos, que sean capaces de hacer una agricultura y una industria agroalimentaria acorde a las necesidades del medio rural del siglo XXI, donde más allá de la transformación y comercialización de alimentos, incorporemos valores como la sostenibilidad del medio rural. Es necesario incorporar los problemas que se afrontan en el medio rural en la sensibilización y la comunicación que desde el mismo se traslada a las ciudades. El declive de los municipios rurales no son problemas que tienen que solucionar OTROS, son problemas de todas las personas que vivimos en la región y de todos los agentes que intervenimos en ella.

Debemos caminar más allá de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para convertir un medio rural en un entorno vivo que sea capaz de generar nuevos yacimientos de empleo a través del “emprendimiento cooperativo”.

La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007 permitió cartografiar y realizar un mapa de la situación de nuestro país por aquellos años. Esto supuso un notable esfuerzo que requiere de un nuevo análisis que considere la nueva situación socioeconómica existente, las potencialidades de nuevos modelos de negocio rural locales que interactúan en un mercado global, nuevos yacimientos de empleo, y a la vez, afrontar nuevas oportunidades a través de un nuevo modelo de emprendimiento: “el emprendimiento colectivo y cooperativo”. Se abren nuevas ventanas como es la Ley de Cooperativas Rurales en Castilla-La Mancha que deben permitir un cambio de paradigma para hacer frente a nuevas posibilidades de generación de renta y riqueza en los municipios rurales, en particular en aquellos menores de 15.000 habitantes, que representan el 53% de la población de Castilla-La Mancha.

Mientras sigamos pensando que vivir en las ciudades es sinónimo de mejores oportunidades y desarrollo personal, seguiremos lastrando las posibilidades que puede ofrecer el mundo rural. El mundo urbano necesita conocer de las consecuencias de la pérdida del medio rural, pero el medio rural debe saber que tenemos que apostar y crear nuevas oportunidades de desarrollo colectivo que puede producirse dentro de las cooperativas a través de este nuevo concepto de “cooperativa rural”.

La progresiva pérdida de población joven en las zonas rurales genera un problema estructural para garantizar la calidad de vida de la población envejecida de nuestros pueblos, pero a la vez con el paso de las décadas va generando problemas estructurales en las ciudades que no paran de crecer y por tanto, de generar efectos perversos en núcleos de población cada vez más grandes que ocasionan grandes problemas de gestión. Estamos encontrando procesos de incremento de los precios de la vivienda que se hacen insoportables para el bolsillo del ciudadano medio, grandes dificultades para gestionar el transporte, incrementos continuos de los niveles de contaminación y por tanto, efectos perversos sobre el cambio climático.

Más allá del gravísimo problema del declive de los espacios rurales, que son el pulmón de las grandes ciudades, se encuentra que cada día resulta más complicado gestionar las aglomeraciones de las mismas, por tanto, debemos afrontar el reto de la sostenibilidad del medio rural, desde la concienciación de que las grandes ciudades deben apostar por nuevas vías de crear desarrollo económico a menores costes deslocalizando producciones a núcleos rurales y aprovechando desde los espacios rurales el talento disponible.

El problema del reto demográfico tiene que partir de llevar los efectos perversos de este problema a las ciudades y concienciar de la idoneidad de seguir apostando por un retorno al medio rural donde se garantiza calidad de vida, bienestar, paisajes y condiciones ambientales más adecuadas para la correcta sostenibilidad de nuestros pueblos, pero también de nuestras ciudades.

A menudo pensamos que en las grandes ciudades en las que viven millones de personas, se tiene calidad de vida porque se dispone de todos los bienes y servicios que exige la sociedad de hoy en día, pero olvidamos que toda su riqueza depende de los recursos que le facilita el medio rural. Por ello, la reflexión es evidente: si muere el medio rural, muy probablemente moriría el medio urbano. Sin recursos naturales, las ciudades no son sostenibles, sin los alimentos que se producen desde el medio rural, las ciudades no pueden vivir, sin la regeneración que de la atmósfera se realiza en el medio rural y la absorción de CO₂ que se produce, viviríamos aún más los efectos del cambio climático.

Por ello, en una región como Castilla-La Mancha, consideramos necesario apostar por un nuevo modelo de emprendimiento colectivo, a través del modelo del cooperativismo rural, que puede ser un herramienta idónea para que en los pueblos se puedan generar nuevas oportunidades económicas y sociales con la que hacer frente a los nuevos retos a los que debe enfrentarse el medio rural.

La cooperativa del siglo XXI, requiere avanzar hacia un nuevo modelo cooperativo con una visión más integral, hacia un modelo de gestión estratégica sostenible y acorde al territorio.
Las políticas públicas y las actuaciones en materia de conservación y sostenibilidad de los territorios rurales debe incorporar en sus ejes de trabajo el cooperativismo agroalimentario, apostando decididamente por modelos que permitan crear nuevas estructuras productivas para la conservación de los territorios del medio rural.

Las cooperativas agroalimentarias del siglo XXI deben caminar hacia este nuevo paradigma, SER COOPERATIVA RURAL, integrando la fijación, promoción, desarrollo y mejora de la población agraria y del medio rural.

La Cooperativa Rural debe:

a) Mejorar la eficiencia en la gestión al integrar bajo una sola estructura cooperativa actividades que de otra forma se encontrarían dispersas en cooperativas separadas.
b) Aumentar las economías de escala en los procesos de inversión y de ahorro de costes ligados a utilizar recursos bajo una misma estructura cooperativa.
c) Aumentar la profesionalización de los equipos directivos, a la vez que incorporar nuevos talentos para la puesta en marcha de nuevas secciones productivas.
d) Aprovechar sinergias derivadas de la posibilidad de ofrecer nuevos bienes y servicios a nuestras bases sociales, a mejores precios, a la vez que abrir nuevas posibilidades de negocio.

La Cooperativa Rural puede aportar soluciones integrales al medio rural, a la vez que ofrecer soluciones al medio urbano, integrando actividades tales como:

Explotación comunitaria de la tierra: el continuo envejecimiento de la población del medio rural y de las bases sociales de las cooperativas, asociado a la dificultad para encontrar mano de obra cualificada para desempeñar las tareas agrícolas, dificulta cada día más los quehaceres diarios de las personas titulares de las explotaciones agrarias. A esto se puede dar solución desde la Cooperativa Rural gestionando de manera agrupada las explotaciones agrarias de sus socios, especialmente de aquellos que se jubilan y cesan en la actividad y cuyo relevo no está garantizado, permitiendo el mantenimiento del patrimonio por el socios y garantizando una gestión más eficiente de la explotación.

Ofrecer servicios educativos y culturales que cubran las necesidades de los socios y demás miembros del entorno social de la cooperativa.

Actividades ligadas al consumo de productos agroalimentarios, donde se fomenten los mercados locales, los canales cortos de comercialización y se cubran las necesidades de consumo de los consumidores y usuarios vinculados a la cooperativa y su entorno social.

Actividades ligadas a ocio, tiempo libre, turismo activo, especialmente ligadas a la explotación endógena del patrimonio cultural e histórico y los recursos naturales del medio rural en que se asienta la cooperativa.

Actividades de conservación medioambiental, reutilización de residuos, gestión de la energía, comercialización de energía, aprovechamiento de nuevas tecnologías, etc.

Servicios a personas, tales como la asistencia y protección a personas dependientes o de integración social, etc.

En definitiva, avanzar en la cooperativa rural debe ser una necesidad del medio rural para seguir garantizando sostenibilidad en nuestros pueblos, para afrontar el declive demográfico rural y para seguir apostando por soluciones integrales que permitan garantizar la permanencia del modelo cooperativo agroalimentario a la vez que crecemos como empresas que somos, aportando soluciones locales, para mitigar efectos globales.

“Este artículo se incluye dentro del Programa de Promoción de Cooperativas y Sociedades Laborales en Castilla-La Mancha para el año 2018 regulado en la Resolución de 15/06/2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, siendo cofinanciado por parte del FSE y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.

 

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